El Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrenta a una situación crítica tras la solicitud de destitución de Clara Beatriz Jiménez González, quien ocupa el cargo de consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE). Esta petición, formalizada el 13 de agosto, es el resultado de tensiones internas que han ido en aumento desde principios de año, relacionadas principalmente con la administración de los recursos del organismo electoral.
Desde enero de 2026, miembros del Consejo General han expresado preocupaciones sobre el plan presupuestario que había sido propuesto, el cual incluía la creación de tres plazas laborales. Los críticos del proyecto sostienen que estas posiciones quedarían bajo la discrecionalidad de la presidencia del IEE, lo cual ha generado descontento entre los consejeros. Dos de las plazas se destinarían a empleados que fueron incorporados en 2019, mientras que la tercera sería para una persona contratada en 2023, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la falta de consideración del criterio de antigüedad en estas asignaciones.
Las controversias se intensificaron aún más cuando Jiménez González aprobó la compra de diez computadoras portátiles para el departamento de informática, una decisión que ascendió a un total de 190 mil pesos. Dicho gasto no había sido incluido en el presupuesto previamente autorizado para el año 2026, lo que generó críticas por la falta de justificación técnica y la ausencia de solicitudes formales que respaldaran esta adquisición. La situación se agravó cuando, al requerir información sobre los recursos utilizados y las modificaciones presupuestarias pertinentes, las respuestas obtenidas resultaron ser inconsistentes.
La petición de destitución fue impulsada por cinco de los seis integrantes del Consejo General del IEE, quienes unieron fuerzas para solicitar la investigación de posibles faltas graves que podrían llevar a la remoción de Jiménez González. Este grupo está conformado por las consejeras y consejeros Cindy Karina Barba Macías, Hilda Yolanda Hermosillo Hernández, Javier Mojarro Rosas, Mariana Eréndira Ramírez Velázquez y Víctor Miguel Dávila Leal. En su comunicado, los consejeros indicaron que se habían agotado los canales de diálogo institucional con la presidencia del IEE, lo que justificó su decisión de actuar de esta manera.
El caso se encuentra actualmente en una fase preliminar de investigación bajo la supervisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que deberá determinar si hay suficientes elementos para proceder formalmente con el caso. Si se avanza en el procedimiento, será el Consejo General del INE el encargado de tomar la decisión final, siguiendo los procedimientos establecidos para estos casos. Esta situación podría tener un impacto significativo en la dirección del IEE y en la confianza del público en sus operaciones electorales.
